Votar en elecciones libres y justas es una característica del buen gobierno; sin embargo, últimamente presenciamos continuos esfuerzos para reprimir el derecho al voto, ya sea de quienes salen de prisión, de quienes temen por su salud y seguridad debido al coronavirus o de los gobiernos que impiden que se celebren elecciones libres y justas.
El legado Wesleyano para el derecho al voto
La tradición wesleyana tiene una larga tradición de lucha por el derecho al voto.
La reverenda Anna Howard Shaw, Mary McLeod Bethune, el reverendo James Lawson, Joseph Lowery y muchos más, hombres y mujeres wesleyanos lucharon en su época por el derecho al voto.
La causa mundial por elecciones libres y justas
En las últimas décadas, los Metodistas Unidos se han preocupado en todo el mundo por la realización de elecciones libres y justas. En el 1994, el personal de Iglesia y Sociedad observó las elecciones en El Salvador junto con funcionarios de las Naciones Unidas.
Recientemente, en 2019, la Iglesia y la Sociedad apoyaron la capacitación para la celebración de elecciones libres y justas en la República Democrática del Congo. El obispo Daniel Lunge, miembro de la junta directiva de Iglesia y Sociedad, dice lo siguiente:
"Gracias al apoyo financiero que recibimos de GBGM e Iglesia y Sociedad (GBCS), las elecciones presidenciales y legislativas del 30 de Diciembre del 2019 contaron con la participación de observadores expertos, formados por nuestra Iglesia Metodista Unida, junto a la plataforma protestante de la RDC".
Personal de Iglesia y Sociedad observan las elecciones de 1994 en El Salvador. Derechos de voto en los EE. UU.
En los Estados Unidos, los Metodistas Unidos están dando prioridad a los esfuerzos por restablecer el derecho de voto de los ex-convictos. Dado que los índices de encarcelamiento afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color, las restricciones al voto corren el riesgo de privar del derecho al voto a muchos votantes afroamericanos y otras minorías en los Estados Unidos (véase "Stop Criminalizing Communities of Color in the United States", Libro de Resoluciones #3379).
En Florida, la lucha por el derecho al voto de los ex-convictos no ha terminado y actualmente se encuentra inmersa en un litigio.
Después de varios meses de trabajo de defensa, en asociación con el 11º Distrito Episcopal de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, Florida Impact to End Hunger y Faith in Florida, los floridanos fueron testigos de la aprobación de la Enmienda 4 por casi dos tercios de los votantes de Florida en el otoño del 2018.
Lamentablemente, poco después, la legislatura de Florida, encabezada por el Gobernador Ron DeSantis, trató de socavar la eficacia de la aprobación, exigiendo a los ex-delincuentes que paguen sus honorarios, multas y restitución total ordenados por el tribunal antes de poder votar. Su opinión fue apoyada por el Tribunal Supremo de Florida. Los opositores alegaron que este requisito equivalía a un impuesto sobre las elecciones y que, de hecho, haría que los ex-delincuentes se vieran privados del derecho de voto de por vida.
Tras las continuas apelaciones de la última semana de mayo de 2020, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito confirmó una decisión anterior según la cual el derecho de voto de una persona no puede depender de su capacidad de pago.
La Rev. Dra. Sharon Austin de la Conferencia Anual de Florida, miembro de la junta de la Iglesia y la Sociedad y defensora de los derechos civiles de toda la vida, enfatiza que el voto es parte del trabajo de la justicia: "cuando el voto no está corrompido o contaminado, representa la equidad, es decir, una persona, un voto".
A cada ciudadano adulto se le da el mismo poder, el voto, para tener representación en el gobierno. Los ex-delincuentes son ciudadanos estadounidenses y no se les debe negar el derecho al voto, dice.
Ciertamente, Austin señala que hay personas que no pueden votar, ya sea por su condición de inmigrantes o por ser demasiado jóvenes. Sin embargo, esto hace que el voto y el acceso al voto para todos los ciudadanos adultos sea aún más imperativo: "Nuestros votos eligen a los funcionarios que hacen las leyes, que afectan a la calidad de vida tanto para nosotros como para nuestros vecinos que no pueden votar".
COVID-19 y la votación
Claramente, la lucha por el derecho al voto está lejos de haber terminado.
Teniendo en cuenta la necesidad de distanciamiento social y que muchos ciudadanos ancianos e inmunocomprometidos son vulnerables a la exposición al coronavirus, los procesos electorales deben coordinarse teniendo en cuenta estas preocupaciones sanitarias.
Debemos asegurarnos de que los ajustes en los centros de votación no priven a las poblaciones vulnerables de sus derechos, proteger la salud y la seguridad de los trabajadores electorales, ampliar las opciones de registro, la votación anticipada y el voto por correo sin excusas para cada votante, y mantener y ampliar las oportunidades de votar en persona.
El acceso a las opciones de voto por correo en todos los estados puede ayudar a asegurar que todas las personas puedan votar. La dignidad y los derechos todos exigen que respetemos la capacidad de cada persona de expresar su conciencia emitiendo su voto en paz y seguridad.
Tome acción:
- Llame a sus senadores: Dígales que se necesitan 4.000 millones de dólares de fondos federales en el próximo paquete de respuesta del COVID-19 para financiar unas elecciones seguras y justas en la pandemia. Asegúrense de que la financiación priorice las soluciones pro-votantes y pro-seguridad que protejan por igual el derecho al voto y la salud pública
- Mire Suppressed: A Fight To Vote en YouTube de forma gratuita.
Ésta es una traducción del artículo original en inglés escrito por la Dra. Jessica M. Smith, publicado por la Junta General de Iglesia y Sociedad. Traducción y adaptación por Pablo A. Sarria-Quezada.